Las pensiones especiales de vejez por actividades de alto riesgo en Colombia, un análisis con enfoque de derechos humanos desde el acto legislativo 01 de 2005 / Carlos Carrillo Orellano, Osmar Guerrero Gutiérrez, Aydalis Cecilia Salas Camargo ; Asesor metodológico. Diego Higuera ; Asesor disciplinario. Catalina Morales D.
Material type: TextLanguage: Spanish Publication details: Barranquilla. Colombia : Corporación Universitaria Americana, 2019.Description: iv, 82 p. ; 29 cmSubject(s): DDC classification:- 21 344.02 C317 2019
Item type | Current library | Collection | Call number | Materials specified | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | |
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Trabajo de Grado | Biblioteca William Corredor Gómez. Sede Cosmos (Barranquilla) | Trabajos de Grado | 344.02 C317 2019 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 1 | Available | Colección 1, Hemeroteca (Trabajos de grado) | 342250132 |
Incluye referencias bibliográficas p. 75
Resumen
La presente investigación hace referencia a las pensiones especiales de vejez por actividades de alto riesgo en Colombia un análisis, con enfoque de derechos humanos, desde el Acto Legislativo 01 de 2005, el cual género una sustitución constitucional, en contra de la voluntad popular, la cual ya se había manifestado a través de referendo, sin embargo los fallos de la corte constitucional al analizar la constitucional del mismo fueron inhibitorios por falta de argumentación jurídica de los actores, lo cual ha generado que este acto sea constitucional y esté vigente afectando derechos laborales pensionales.
De esta manera con la expedición de la carta política de 1991, se genera una relación diferente entre el juez, el derecho, el estado y la sociedad. Repensar estas relaciones a partir de la expedición de algunos fallos de la rama judicial, seguir reconociendo que las decisiones de los jueces toman un papel preponderante al interior de una sociedad concebida bajo el paradigma de estado social y democrático de derecho, es la simple pretensión de este escrito en el contexto no sólo de la legalidad, si no de motivaciones trascendentales que contienen la garantía efectiva de los derechos sociales y la credibilidad en la institucionalidad, por parte de ciudadanas y ciudadanos que confían, tiene fe en sus operadores jurídicos.
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